[Virtual Presenter] Courtney Dolinar-Hikawa lidera el Litigando Derecho 2024 con su enfoque en Jurisdicción: ratione voluntatis. Su expertise está en arbitraje internacional comercial y de inversión incluyendo disputas relacionadas a grandes concesiones de infraestructura financiación de proyectos tratados de inversión (BITs) y tratados de libre comercio como el TLCAN. Además se destaca por hablar cinco idiomas diferentes.. 

Scene 1

Litigando Derecho 2024 – Courtney Dolinar-Hikawa

[Audio] Comenzando con Courtney Dolinar-Hikawa: se especializa en arbitraje internacional comercial e inversión así como en la solución de disputas ante la CIADI la I-C-C y el S-C-C y en arbitrajes bajo el Reglamento de UNCITRAL. Representa a inversionistas transnacionales y a gobiernos demandados en casos relacionados con tratados de inversión (BITs) contratos gubernamentales y tratados de comercio libre como el T-L-C-A-N y el CAFTA-DR. Sus áreas de experiencia comprenden grandes concesiones de infraestructura financiación de proyectos y regulaciones gubernamentales. Tiene fluidez en inglés francés español japonés e italiano.. 

Scene 2

Courtney Hikawa enfoca su práctica legal en arbitraje internacional, tanto comercial cómo de inversión. Tiene experiencia en solución de disputas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y su Mecanismo Complementario, la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), y en arbitrajes bajo el Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL.
 Courtney ha representado tanto a inversionistas transnacionales, como a gobiernos demandados en arbitrajes en virtud de tratados de inversión (BITs), contratos gubernamentales y tratados de libre comercio, incluidos el TLCAN y el CAFTA-DR. Su experiencia abarca disputas relacionadas a grandes concesiones de infraestructura, financiación de proyectos y regulaciones gubernamentales. Habla inglés, francés, español, japonés e italiano.

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[Audio] Maria Paulina Rojas es una candidata a la Maestría en Derecho en la Universidad de Georgetown con especialización en el programa de Derecho Internacional Económico y de Negocios habiendo obtenido un certificado en Arbitraje Internacional y Solución de Disputas. Su preparación académica aporta un gran valor al concepto de Jurisdicción: ratione voluntatis Litigando Derecho 2024.. 

Scene 3

Maria Paulina Rojas es candidata de Maestría en Derecho de la Universidad de Georgetown en el programa de Derecho Internacional Económico y de los Negocios, con certificado en Arbitraje Internacional y Solución de Disputas.

[Audio] En esta diapositiva se muestran los conceptos a considerar para comprender la Jurisdicción: ratione voluntatis. Estos incluyen una síntesis el consentimiento la exigencia de establecer jurisdicción las formas de consentimiento y los desafíos jurisdiccionales. Entre otros el alcance del consentimiento condiciones procesales denuncia de tratados extinción del contrato y reconvenciones. Estos temas claves serán tratados con mayor profundidad durante la presentación.. 

Scene 4

Requerimiento para establecer jurisdicción.

Por acuerdo/contrato, tratado o ley doméstica.

Alcance del consentimiento, condiciones procesales, denunciación del tratado, terminación del contrato, reconvenciones

Scene 5

[Audio] Revisaremos cada uno de los tres elementos necesarios para determinar la jurisdicción en un arbitraje de inversión: personae materiae y temporis. La persona se refiere a quienes están involucrados en el litigio. La materia se refiere a los tópicos tratados durante el arbitraje. Y el temporis se refiere a los hechos y alegatos que surgen de la disputa. Estos tres elementos juntos determinarán últimamente lo correcto para el caso.. 

Scene 6

Quiénes pueden someterse a arbitraje de inversión

Cuando suceden los hechos que dan lugar a los alegatos

En las sesiones anteriores aprendimos sobre los otros elementos para determinar jurisdicción en arbitraje de inversión: ratione personae, materiae y temporis

[Audio] Como se muestra en el ejemplo el Tribunal del C-I-A-D-I se refirió al concepto de jurisdicción ratione voluntatis para determinar si aplicaba el acuerdo B-I-T a la disputa entre Zapp y Rutania. Esta jurisdicción se refiere a la aceptación por parte de los contratantes de algunas formas de arbitraje como herramienta para solucionar conflictos. Esta es una forma de derecho contractual emitido directamente por los involucrados en el litigio sin ser sometido a cualquier jurisdicción nacional. Esta jurisdicción es esencial para la efectividad de los acuerdos internacionales y la resolución de disputas entre Estados." En el ejemplo mostrado el Tribunal del C-I-A-D-I se refirió al concepto de jurisdicción ratione voluntatis para determinar si el acuerdo B-I-T entre Rutania y Avalon se aplicaba a la disputa. Esta jurisdicción se refiere a un acuerdo entre partes para someter determinada disputa a una determinada jurisdicción con el fin de resolverla. Esto se puede ejecutar mediante diversas formas de arbitraje sin someterse a la jurisdicción nacional. Esta jurisdicción es fundamental para la efectividad de los acuerdos internacionales y la resolución de conflictos entre Estados.. 

Scene 7

Rutania y Avalon tienen un acuerdo BIT que entró en vigor el 1 de enero de 2012 en el que  se establece que las disputas entre los inversionistas de una parte y la otra parte se resolverán mediante arbitraje en el CIADI. Zapp es una empresa constituida en Avalon, y una empresa en Botenia es dueña del 30% de sus acciones. Zapp es  inversionista en Rutania desde 2010 y alega que su inversión sufrió una expropiación en 2013, presentando una solicitud de arbitraje al CIADI. 
 Cuando el tribunal del CIADI analiza la naturaleza de las inversiones de Zapp en Rutania, se refiere a la jurisdicción:

Scene 8

[Audio] En esta presentación estamos abordando la Jurisdicción: ratione voluntatis. En el caso de un litigio de derecho 2024 hay ciertos requisitos para el consentimiento. Estos requisitos incluyen el consentimiento voluntario y recíproco de ambas partes que debe ser irrevocable. Además se deben cumplir los demás requisitos establecidos por el Estado involucrado. Los inversores también deben otorgar su consentimiento por escrito y no pueden optar por un sistema diferente para resolver el conflicto.. 

Scene 9

Se deben cumplir los demás requisitos de jurisdicción

Tanto el Estado como el inversionista deben dar su consentimiento escrito

Excluye que la misma disputa sea sometida a otro sistema de resolución de conflictos

Una vez el consentimiento es dado no puede retirarse unilateralmente

[Audio] El artículo 25 (1) del Convenio C-I-A-D-I establece que el Centro para el arreglo de diferencias relacionadas a Inversiones tendrá jurisdicción sobre cualquier litigio entre un Estado Contratante o una subdivisión o organismo público de tal Estado y un nacional de otro Estado Contratante que hayan acordado someterse al Centro por escrito. Esto implica que un inversor extranjero puede someter diferencias vinculadas a su inversión al Centro y que el consentimiento otorgado por una parte no puede ser retirado unilateralmente.. 

Scene 10

"La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado.”

[Audio] En el Artículo 25 (4) del Convenio de Litigando Derecho 2024 los Estados Contratantes pueden notificar al Centro la clase o clases de diferencias a las cuales someterían o no su jurisdicción. Esto no significa el consentimiento contemplado en la sección (1). Así les permite a los Estados preservar el control sobre la jurisdicción de sus diferencias contractuales según sus propios criterios.. 

Scene 11

“Los Estados Contratantes podrán, al ratificar, aceptar o aprobar este Convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al Centro la clase o clases de diferencias que aceptarían someter, o no, a su jurisdicción. El Secretario General transmitirá inmediatamente dicha notificación a todos los Estados Contratantes. Esta notificación no se entenderá que constituye el consentimiento a que se refiere el apartado (1) anterior.”

[Audio] Establece el artículo 26 que el consentimiento de las partes al procedimiento de arbitraje según el Convenio excluirá otros recursos disponibles. No obstante un Estado Contratante puede exigir el cumplimiento previo de sus vías administrativas o judiciales como requisito para su consentimiento al arbitraje.. 

Scene 12

“Salvo estipulación en contrario, el consentimiento de las partes al procedimiento de arbitraje conforme a este Convenio se considerará como consentimiento a dicho arbitraje con exclusión de cualquier otro recurso. Un Estado Contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales, como condición a su consentimiento al arbitraje conforme a este Convenio.”

[Audio] El C-I-A-D-I (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) ha sido ratificado permitiendo a las partes acordar someter sus disputas de índole jurídica al Secretariado del Centro aún cuando no sean Estado Contratante o nacional de un Estado Contratante. Esto se basa en el principio de consentimiento de las partes que cubre un amplio rango de materias. La jurisdicción del C-I-A-D-I también se extiende a los mecanismos complementarios de solución de conflictos de inversión. El libro Litigando Derecho 2024 de Courtney Dolinar-Hikawa examina las diversas opciones de solución de conflictos de inversión a través del CIADI.. 

Scene 13

El Secretariado se encuentra autorizado para administrar los procedimientos de arbitraje y conciliación para el arreglo de diferencias de naturaleza jurídica que surjan de una inversión entre un Estado o una ORIE, por una parte, y un nacional de otro Estado, por la otra, que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro, si:  (a)  ninguna de las partes en la diferencia es un Estado Contratante o un nacional de un Estado Contratante (…)

Jurisdicción en el Mecanismo Complementario CIADI

[Audio] La jurisdicción ratione voluntatis se enfoca en el principio de que las partes en un litigio pueden pactar el alcance de la jurisdicción del árbitro. Esto se establece en el Artículo 1 (1) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Ese artículo estipula que cuando las partes acuerden someter un litigio a arbitraje bajo el reglamento el litigio se resolverá conforme al reglamento sujeto a cualquier modificación que acuerden las partes. Esto significa que las partes tienen el poder de pactar el ámbito de la jurisdicción de la Corte de Arbitraje.. 

Scene 14

Cuando las partes hayan acordado que los litigios entre ellas que dimanen de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, se sometan a arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, tales litigios se resolverán de conformidad con el presente Reglamento, con sujeción a las modificaciones que las partes pudieran acordar.

[Audio] Reglamento de Arbitraje Acelerado como parte del Reglamento de Arbitraje fortalece el sistema vigente de solución de disputas basado en el acuerdo de las partes. Esta declaración de intenciones es esencial cuando se trata de jurisdicción ratione voluntatis. Las partes deben estar de acuerdo expresamente para aplicar este procedimiento lo que contribuirá a agilizar la solución de conflictos y a conseguir una mayor eficacia.. 

Scene 15

Nota Explicatoria del Procedimiento Acelerado

En el artículo 1, párrafo 5, del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (en adelante, “el Reglamento de Arbitraje”) se incorpora el Reglamento de Arbitraje Acelerado, que se presenta como apéndice del Reglamento de Arbitraje. La expresión “si las partes así lo acuerdan” que figura en ese párrafo hace hincapié en la necesidad de que las partes presten su consentimiento expreso a la aplicación al arbitraje del Reglamento de Arbitraje Acelerado.

Scene 16

[Audio] La jurisdicción del Estado sobre las inversiones extranjeras es clave para cualquier reclamación en caso de disputa. La forma en que el Estado otorga su consentimiento en el arbitraje de inversiones internacionales varía de una nación a otra. El consentimiento puede ser manifestado a través de varios medios tales como tratados internacionales cláusulas contractuales leyes domésticas acuerdos entre las partes o los Acuerdos de Inversión del Estado anfitrión. El Convenio C-I-A-D-I solo exige que el consentimiento sea por escrito. Estas alternativas permiten al Estado fijar un marco para los inversores extranjeros y establecer tanto su seguridad como un marco jurídico reglamentado.. 

Scene 17

Cláusulas de arbitraje en contratos de inversión

BITs y otros tratados en los que el Estado consiente

Artículos en la ley de inversión del Estado anfitrión

El Convenio CIADI solo requiere que el consentimiento sea escrito, por lo que el Estado tiene varias opciones para consentir al arbitraje:

[Audio] El acuerdo entre las partes o "compromiso" implica un consentimiento expreso sea por medio de un solo documento o varios con relación a peticiones actuales o futuras. Como ejemplo se puede citar el caso Amco versus Indonesia en el que Amco alega la inclusión de una cláusula compromisoria arbitral en su solicitud para invertir en Indonesia cláusula que el tribunal encontró como válida y que fue aceptada por Indonesia cumpliendo exigido para su consentimiento. Ahora bien hablemos sobre cómo aprovechar el mindfulness para desmantelar pensamientos negativos y luchar contra el estrés y la ansiedad.. 

Scene 18

El acuerdo entre las partes o “compromis” es una forma de consentimiento expreso. Puede darse a través de un instrumento (un contrato) o varios, sobre disputas existentes o futuras.

Ejemplo: Amco v. Indonesia Amco presenta su aplicación para constituir la inversión en Indonesia, incluyendo una cláusula compromisoria arbitral. El tribunal determinó que el convenio entre las partes contenía una cláusula compromisoria, que al ser aceptada por Indonesia cumplía con el requisito de consentimiento.

[Audio] Actualmente un tratado es la manera más frecuente de acuerdo para el arbitraje internacional de inversión. Los Estados Contratantes acuerdan someter disputas relacionadas con el tratado o la inversión al arbitraje. El artículo 10.17 del CAFTA-DR es un ejemplo donde se establece el consentimiento para someter la reclamación al arbitraje según esta sección y de acuerdo con el tratado. El B-I-T debe contener un consentimiento inequívoco.. 

Scene 19

Actualmente esta es la forma más común de consentimiento en el arbitraje internacional de inversión.  En un BIT los Estados parte dan su consentimiento de someter disputas relacionadas con el tratado o la inversión a arbitraje.

Ejemplo: El Artículo 10.17 del CAFTA-DR establece que “Cada Parte consiente en someter una reclamación al arbitraje, con arreglo a esta sección y de conformidad con este Tratado.”
 El BIT debe contener el consentimiento inequívoco.

[Audio] En esta diapositiva veremos cómo la tecnología ha cambiado la vida cotidiana de las personas y les ha permitido acceder al mundo de maneras que nunca antes hubieran imaginado. ¡Sigamos adelante!. 

Scene 20

Los Estados incluyen en sus leyes domésticas de inversión artículos en los que se consiente a arbitraje. Las leyes domésticas son muy diferentes entre sí, por lo que el tribunal hace un análisis minucioso.

Ejemplo: SPP v. Egipto El artículo 8 de la Ley 43 de 1974 establecía que “Las controversias en materia de inversiones relativas a la aplicación de las disposiciones de esta Ley se resolverán (…) o en el marco del Convenio CIADI”. El tribunal estableció que bajo esta ley no se requería consentimiento adicional.

[Audio] En el caso de Jurisdicción Ratione Voluntatis el consentimiento debe ser unilateral. La Ley domestica a pesar de no siempre otorgar un consentimiento suficiente su intención puede ser interpretada y otorgar un consentimiento adicional. Por ello una cláusula explícita en un contrato o tratado pueden ser importantes para establecer el consentimiento para una determinada jurisdicción.. 

Scene 21

No todas las leyes domésticas dan suficiente consentimiento.

Ejemplo: Venezuela Holdings v. Venezuela El artículo 22 de la Ley de Inversión establecía que “Las controversias que surjan entre un inversionista internacional, cuyo país de origen tenga vigente con Venezuela un tratado (…) serán sometidas al arbitraje internacional en los términos del respectivo tratado o acuerdo” 
 El tribunal interpretó que esta disposición no da consentimiento de forma clara, y si su intención era dar el consentimiento debía hacerlo de forma expresa. En este caso Venezuela debía dar consentimiento adicional mediante un tratado u otro medio.

[Audio] En el arbitraje de inversión es necesario obtener el consentimiento para iniciar el procedimiento. Por lo general esto se logra presentando una solicitud de arbitraje que formaliza el contrato entre el inversionista y el Estado anfitrión. Además se puede considerar como consentimiento tácito cuando el inversionista presenta una solicitud de arbitraje. Esto significa que el inversionista acepta los términos establecidos por el Estado anfitrión. Para entender la relación entre el Estado anfitrión y el inversionista este último debe conocer los términos y condiciones del tratado para inversiones y los requisitos nacionales para el arbitraje. Esta comprensión le permitirá tomar mejores decisiones relacionadas con su inversión.. 

Scene 22

Cómo el Inversionista da su consentimiento

Consentimiento tácito en el momento en que el inversionista solicita el arbitraje

Cuando el Estado da su consentimiento a través del tratado bilateral de inversión o a través de su legislación doméstica está dando una oferta para arbitrar.  El inversionista debe aceptar esta oferta dando su consentimiento al arbitraje.

Presentación de la solicitud de arbitraje

Contrato entre el inversionista y el Estado anfitrión

Scene 23

[Audio] El consentimiento puede variar y ampliarse según los diferentes instrumentos de arbitraje de los Estados. Algunos están limitados a temas particulares tales como la expropiación mientras que otros abarcan una extensa variedad de materias relacionadas con la inversión. Por lo tanto resulta esencial considerar esto para comprender la extensión de los derechos y deberes que conlleva cada inversión.. 

Scene 24

En las ofertas de arbitraje de los Estados el alcance del consentimiento puede variar.

Otros instrumentos proponen un alcance reducido a ciertos derechos del inversionista como la expropiación, pero no todos.

Algunos instrumentos son amplios e incluyen dentro del consentimiento todos los temas relacionados con la inversión.

[Audio] En el caso de Phillip Morris v Uruguay el Tribunal determinó que el Artículo 10 (1) del Tratado Suiza-Uruguay tenía un alcance amplio que abarcaba controversias más allá de las obligaciones sustantivas. Esto quiere decir que el Tribunal se apoyó en la definición de inversión para justificar su jurisdicción. Esta forma de entender la figura jurídica de los tribunales tiene como objetivo proteger a los inversores contra los daños sufridos en sus inversiones.. 

Scene 25

El tribunal determinó que la formulación de este artículo era amplia e incluye controversias más allá de las obligaciones sustantivas del BIT. El término “comprendidas en el presente acuerdo” se refiere, según el tribunal, a la definición de inversión. Otros tratados restringen el alcance del tribunal a obligaciones sustantivas  particulares.

Artículo 10 (1) del BIT Suiza - Uruguay:  "Las controversias que surgieren entre una Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante con relación a inversiones comprendidas en el presente Acuerdo se resolverán, en lo posible, en forma amigable entre las partes interesadas.”

[Audio] En el caso de Telenor Mobile v Hungría el tribunal interpretó que el Artículo XI (1) del BIT Noruega-Hungría se aplicaba únicamente a disputas relacionadas con la expropiación y el monto a pagar por esta expropiación. Esto fue así porque el artículo se basa en los artículos V y VI del acuerdo que se refieren específicamente a la expropiación y el pago de indemnización por ella. Con esta interpretación el tribunal limitó la Jurisdicción ratione voluntatis a los asuntos relacionados con la expropiación.. 

Scene 26

Artículo XI (1) del BIT Noruega - Hungría:  "Este artículo se aplicará a cualquier disputa legal (…) ya sea en relación con el monto o el pago de la compensación conforme a los artículos V y VI del presente acuerdo, o en relación con cualquier otro asunto resultante de un acto de expropiación de conformidad con el Artículo VI del presente acuerdo o relacionado con las consecuencias de la no implementación o de la implementación incorrecta del Artículo VII del presente acuerdo."

El tribunal interpretó que únicamente las disputas relacionadas con la expropiación y el monto a pagar por esta expropiación estaban dentro del consentimiento de Hungría, y por ende dentro de la jurisdicción del tribunal.

[Audio] En el Artículo 26 del Convenio C-I-A-D-I y el Artículo X de B-I-T entre Argentina y España hay estipulaciones específicas para establecer condiciones procesales estableciendo los tiempos de espera y requerimientos previos para acceder al arbitraje. Esto es para asegurar que los procedimientos judiciales se lleven a cabo dentro de un marco adecuado y con derechos asegurados. Estas condiciones procesales serán una guía para aquellos que están dispuestos a resolver problemas legales a través del arbitraje.. 

Scene 27

En línea con el Artículo 26 del Convenio CIADI, algunos países incorporan el agotamiento de recursos internos o tiempos de espera antes de someter una disputa a arbitraje.

El artículo X(2)  del BIT entre Argentina y España establece que de existir una disputa que no pueda ser dirimida amigablemente dentro de 6 meses “será sometida a petición de una de ellas a los tribunales competentes de la Parte en cuyo territorio se realizó la inversión.”  El artículo X(3) establece que se podrá someter a arbitraje cuando no exista una decisión de fondo del tribunal doméstico en 18 meses.

El tribunal determinó que este artículo imponía un requisito procedimental de interponer un recurso ante corte local, esperando 18 meses, siempre y cuando no fuera fútil.

[Audio] Los inversores pueden verse enfrentados a una disyuntiva a la hora de decidir el mecanismo a seguir para hacer valer sus derechos. Esto se encontró de forma manifiesta en el caso Total v Argentina donde una cláusula del tratado de inversión bilateral (B-I-T--) entre Francia y Argentina imponía la obligación de que el inversor tuviera que elegir entre una solución a través de la jurisdicción local o por arbitraje internacional. Esto es importante de recalcar ya que las cláusulas de este tipo en los bits normalmente indican la única solución para los conflictos. En el caso Total v Argentina vimos que algunos tratados bilaterales de inversión imponen a los inversores la toma de una decisión drástica: elegir entre buscar una solución por medio de la jurisdicción local o por el arbitraje internacional. Esta decisión debe efectuarse de forma consciente ya que suele ser definitiva y una vez tomada la decisión no podrá ser revocada. Por tanto es importante que los inversores se informen de los términos de los tratados bilaterales de inversión para poder tomar decisiones informadas sobre cómo resolver sus conflictos.. 

Scene 28

Bifurcación en el camino “Fork in the road”

Algunos BITs establecen que el inversionista debe escoger entre acceder a arbitraje o a obtener remediación mediante cortes locales. Estas cláusulas plantean que esta decisión es final y por ende el inversionista que va a cortes domésticas no puede acceder a arbitraje.

El artículo 8(2) del BIT Argentina y Francia establece que el inversionista someterá la controversia “o bien a las jurisdicciones nacionales de la Parte Contratante implicada en la controversia;  o bien al arbitraje internacional (…). Una vez que un inversor haya sometido la controversia a las jurisdicciones de la Parte Contratante implicada o al arbitraje internacional, la elección de uno u otro de esos procedimientos será definitiva.”

Argentina argumentó que Total había presentado demandas ante cortes domésticas, por lo que el tribunal arbitral no tenía jurisdicción. El tribunal reconoció que el artículo trataba de “fork in the road”, pero rechazó el argumento porque la disputa no versaba sobre el mismo objeto.

[Audio] En el caso de Roussalis v Rumania el Artículo 9 del Tratado de Inversión Bilateral indica que los litigios entre un inversionista de una parte contratante y la otra parte contratante con respecto a una inversión deben ser resueltos si es posible. No obstante el tribunal entendió que no se había obtenido consentimiento para las reconvenciones. La mayoría de los Tratados de Inversión Bilateral están concebidos de forma que los inversionistas puedan realizar alegaciones contra el Estado pero si el Estado desea interponer reconvenciones contra el inversionista deberá contar con su consentimiento.. 

Scene 29

El artículo 9 del BIT entre Grecia y Romania establece que las “Controversias entre un inversionista de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante relativa a una obligación de este último en virtud del presente Acuerdo, en relación con una inversión del primero, será, de ser posible, resuelta (…)” El tribunal interpretó que no había consentimiento para reconvenciones.

Disidencia de Prof. Reisman: El consentimiento a la reconvención debe entenderse dada al momento de someter la disputa al CIADI a la luz del Artículo 46.

La mayoría de los BITs están diseñados para que los inversionistas presenten alegatos contra el Estado anfitrión. Si el Estado quiere interponer reconvenciones (contra-demandas) en contra del inversionista, debe contar con el consentimiento.

[Audio] En el caso de Fábrica de Vidrios v Venezuela el Estado revocó su consentimiento a futuras disputas al denunciar el Convenio CIADI. Esto implica que el Centro pierde su jurisdicción sobre cualquier reclamación presentada por el inversor desde la notificación de denuncia. No obstante el Estado puede establecer cláusulas de extinción para permitir el arbitraje de ciertas disputas presentadas a partir de la denuncia. Estas cláusulas de extinción pueden ser instauradas por el Estado para permitir el arbitraje de controversias relacionadas con inversiones efectuadas antes de la denuncia.. 

Scene 30

Venezuela denunció el Convenio CIADI en enero 2012, y cumplió el término de espera en Julio del mismo año. Fábrica de Vidrios presentó su solicitud de arbitraje en Julio de 2012. El tribunal decidió que "Si el Estado Contratante denunciante manifestó su consentimiento unilateral para someter las diferencias al arbitraje ante el CIADI y el inversor no lo aceptó antes de la notificación de denuncia, entonces el Centro no tendrá jurisdicción respecto de las diferencias presentadas por el inversor con posterioridad a la notificación de denuncia”

Cuando el Estado denuncia el tratado o la Convención CIADI, retira su consentimiento para futuras disputas, sujeto a cláusulas de extinción (sunset)

Scene 31

Jurisdicción: ratione voluntatis

Scene 0

Comenzando con Courtney Dolinar-Hikawa: se especializa en arbitraje internacional comercial e inversión
 así como en la solución de disputas ante la CIADI
 la I-C-C y el S-C-C
 y en arbitrajes bajo el Reglamento de UNCITRAL. Representa a inversionistas transnacionales y a gobiernos demandados en casos relacionados con tratados de inversión (BITs)
 contratos gubernamentales y tratados de comercio libre como el T-L-C-A-N y el CAFTA-DR. Sus áreas de experiencia comprenden grandes concesiones de infraestructura
 financiación de proyectos y regulaciones gubernamentales. Tiene fluidez en inglés
 francés
 español
 japonés e italiano.

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Maria Paulina Rojas es una candidata a la Maestría en Derecho en la Universidad de Georgetown
 con especialización en el programa de Derecho Internacional Económico y de Negocios
 habiendo obtenido un certificado en Arbitraje Internacional y Solución de Disputas. Su preparación académica aporta un gran valor al concepto de Jurisdicción: ratione voluntatis Litigando Derecho 2024.

En esta diapositiva se muestran los conceptos a considerar para comprender la Jurisdicción: ratione voluntatis. Estos incluyen una síntesis
 el consentimiento
 la exigencia de establecer jurisdicción
 las formas de consentimiento y los desafíos jurisdiccionales. Entre otros
 el alcance del consentimiento
 condiciones procesales
 denuncia de tratados
 extinción del contrato y reconvenciones. Estos temas claves serán tratados con mayor profundidad durante la presentación.

Revisaremos cada uno de los tres elementos necesarios para determinar la jurisdicción en un arbitraje de inversión: personae
 materiae y temporis. La persona se refiere a quienes están involucrados en el litigio. La materia se refiere a los tópicos tratados durante el arbitraje. Y el temporis se refiere a los hechos y alegatos que surgen de la disputa. Estos tres elementos juntos determinarán últimamente lo correcto para el caso.

Como se muestra en el ejemplo
 el Tribunal del C-I-A-D-I se refirió al concepto de jurisdicción ratione voluntatis para determinar si aplicaba el acuerdo B-I-T a la disputa entre Zapp y Rutania. Esta jurisdicción se refiere a la aceptación
 por parte de los contratantes
 de algunas formas de arbitraje como herramienta para solucionar conflictos. Esta es una forma de derecho contractual emitido directamente por los involucrados en el litigio sin ser sometido a cualquier jurisdicción nacional. Esta jurisdicción es esencial para la efectividad de los acuerdos internacionales y la resolución de disputas entre Estados."  En el ejemplo mostrado
 el Tribunal del C-I-A-D-I se refirió al concepto de jurisdicción ratione voluntatis para determinar si el acuerdo B-I-T entre Rutania y Avalon se aplicaba a la disputa. Esta jurisdicción se refiere a un acuerdo entre partes para someter determinada disputa a una determinada jurisdicción con el fin de resolverla. Esto se puede ejecutar mediante diversas formas de arbitraje sin someterse a la jurisdicción nacional. Esta jurisdicción es fundamental para la efectividad de los acuerdos internacionales y la resolución de conflictos entre Estados.

En esta presentación
 estamos abordando la Jurisdicción: ratione voluntatis. En el caso de un litigio de derecho 2024
 hay ciertos requisitos para el consentimiento. Estos requisitos incluyen el consentimiento voluntario y recíproco de ambas partes
 que debe ser irrevocable. Además
 se deben cumplir los demás requisitos establecidos por el Estado involucrado. Los inversores también deben otorgar su consentimiento por escrito y no pueden optar por un sistema diferente para resolver el conflicto.

El artículo 25 (1) del Convenio C-I-A-D-I establece que el Centro para el arreglo de diferencias relacionadas a Inversiones tendrá jurisdicción sobre cualquier litigio entre un Estado Contratante
 o una subdivisión o organismo público de tal Estado
 y un nacional de otro Estado Contratante que hayan acordado someterse al Centro por escrito. Esto implica que un inversor extranjero puede someter diferencias vinculadas a su inversión al Centro y que el consentimiento otorgado por una parte no puede ser retirado unilateralmente.

En el Artículo 25 (4) del Convenio de Litigando Derecho 2024
 los Estados Contratantes pueden notificar al Centro la clase o clases de diferencias a las cuales someterían o no su jurisdicción. Esto no significa el consentimiento contemplado en la sección (1). Así
 les permite a los Estados preservar el control sobre la jurisdicción de sus diferencias contractuales
 según sus propios criterios.

Establece el artículo 26 que el consentimiento de las partes al procedimiento de arbitraje según el Convenio excluirá otros recursos disponibles. No obstante
 un Estado Contratante puede exigir el cumplimiento previo de sus vías administrativas o judiciales como requisito para su consentimiento al arbitraje.

El C-I-A-D-I (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) ha sido ratificado permitiendo a las partes acordar someter sus disputas de índole jurídica al Secretariado del Centro aún cuando no sean Estado Contratante o nacional de un Estado Contratante. Esto se basa en el principio de consentimiento de las partes
 que cubre un amplio rango de materias. La jurisdicción del C-I-A-D-I también se extiende a los mecanismos complementarios de solución de conflictos de inversión. El libro Litigando Derecho 2024
 de Courtney Dolinar-Hikawa
 examina las diversas opciones de solución de conflictos de inversión a través del CIADI.

La jurisdicción ratione voluntatis se enfoca en el principio de que las partes en un litigio pueden pactar el alcance de la jurisdicción del árbitro. Esto se establece en el Artículo 1 (1) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Ese artículo estipula que cuando las partes acuerden someter un litigio a arbitraje bajo el reglamento
 el litigio se resolverá conforme al reglamento
 sujeto a cualquier modificación que acuerden las partes. Esto significa que las partes tienen el poder de pactar el ámbito de la jurisdicción de la Corte de Arbitraje.

Reglamento de Arbitraje Acelerado
 como parte del Reglamento de Arbitraje
 fortalece el sistema vigente de solución de disputas basado en el acuerdo de las partes. Esta declaración de intenciones es esencial cuando se trata de jurisdicción ratione voluntatis. Las partes deben estar de acuerdo expresamente para aplicar este procedimiento
 lo que contribuirá a agilizar la solución de conflictos y a conseguir una mayor eficacia.

La jurisdicción del Estado sobre las inversiones extranjeras es clave para cualquier reclamación en caso de disputa. La forma en que el Estado otorga su consentimiento en el arbitraje de inversiones internacionales varía de una nación a otra. El consentimiento puede ser manifestado a través de varios medios
 tales como tratados internacionales
 cláusulas contractuales
 leyes domésticas
 acuerdos entre las partes o los Acuerdos de Inversión del Estado anfitrión. El Convenio C-I-A-D-I solo exige que el consentimiento sea por escrito. Estas alternativas permiten al Estado fijar un marco para los inversores extranjeros y establecer tanto su seguridad como un marco jurídico reglamentado.

El acuerdo entre las partes o "compromiso" implica un consentimiento expreso
 sea por medio de un solo documento o varios
 con relación a peticiones actuales o futuras. Como ejemplo
 se puede citar el caso Amco versus Indonesia
 en el que Amco alega la inclusión de una cláusula compromisoria arbitral en su solicitud para invertir en Indonesia
 cláusula que el tribunal encontró como válida y que fue aceptada por Indonesia
 cumpliendo exigido para su consentimiento. Ahora bien
 hablemos sobre cómo aprovechar el mindfulness para desmantelar pensamientos negativos y luchar contra el estrés y la ansiedad.

Actualmente
 un tratado es la manera más frecuente de acuerdo para el arbitraje internacional de inversión. Los Estados Contratantes acuerdan someter disputas relacionadas con el tratado o la inversión al arbitraje. El artículo 10.17 del CAFTA-DR es un ejemplo donde se establece el consentimiento para someter la reclamación al arbitraje según esta sección y de acuerdo con el tratado. El B-I-T debe contener un consentimiento inequívoco.

En esta diapositiva veremos cómo la tecnología ha cambiado la vida cotidiana de las personas y les ha permitido acceder al mundo de maneras que nunca antes hubieran imaginado. ¡Sigamos adelante!

En el caso de Jurisdicción Ratione Voluntatis
 el consentimiento debe ser unilateral. La Ley domestica
 a pesar de no siempre otorgar un consentimiento suficiente
 su intención puede ser interpretada y otorgar un consentimiento adicional. Por ello
 una cláusula explícita en un contrato o tratado pueden ser importantes para establecer el consentimiento para una determinada jurisdicción.

En el arbitraje de inversión
 es necesario obtener el consentimiento para iniciar el procedimiento. Por lo general
 esto se logra presentando una solicitud de arbitraje que formaliza el contrato entre el inversionista y el Estado anfitrión. Además
 se puede considerar como consentimiento tácito cuando el inversionista presenta una solicitud de arbitraje. Esto significa que el inversionista acepta los términos establecidos por el Estado anfitrión. Para entender la relación entre el Estado anfitrión y el inversionista
 este último debe conocer los términos y condiciones del tratado para inversiones y los requisitos nacionales para el arbitraje. Esta comprensión le permitirá tomar mejores decisiones relacionadas con su inversión.

El consentimiento puede variar y ampliarse según los diferentes instrumentos de arbitraje de los Estados. Algunos están limitados a temas particulares tales como la expropiación
 mientras que otros abarcan una extensa variedad de materias relacionadas con la inversión. Por lo tanto
 resulta esencial considerar esto para comprender la extensión de los derechos y deberes que conlleva cada inversión.

En el caso de Phillip Morris v Uruguay
 el Tribunal determinó que el Artículo 10 (1) del Tratado Suiza-Uruguay tenía un alcance amplio que abarcaba controversias más allá de las obligaciones sustantivas. Esto quiere decir que el Tribunal se apoyó en la definición de inversión para justificar su jurisdicción. Esta forma de entender la figura jurídica de los tribunales tiene como objetivo proteger a los inversores contra los daños sufridos en sus inversiones.

En el caso de Telenor Mobile v Hungría
 el tribunal interpretó que el Artículo XI (1) del BIT Noruega-Hungría se aplicaba únicamente a disputas relacionadas con la expropiación y el monto a pagar por esta expropiación. Esto fue así porque el artículo se basa en los artículos V y VI del acuerdo
 que se refieren específicamente a la expropiación y el pago de indemnización por ella. Con esta interpretación
 el tribunal limitó la Jurisdicción ratione voluntatis a los asuntos relacionados con la expropiación.

En el Artículo 26 del Convenio C-I-A-D-I y el Artículo X de B-I-T entre Argentina y España hay estipulaciones específicas para establecer condiciones procesales estableciendo los tiempos de espera y requerimientos previos para acceder al arbitraje. Esto es para asegurar que los procedimientos judiciales se lleven a cabo dentro de un marco adecuado y con derechos asegurados. Estas condiciones procesales serán una guía para aquellos que están dispuestos a resolver problemas legales a través del arbitraje.

Los inversores pueden verse enfrentados a una disyuntiva a la hora de decidir el mecanismo a seguir para hacer valer sus derechos. Esto se encontró de forma manifiesta en el caso Total v Argentina
 donde una cláusula del tratado de inversión bilateral (B-I-T--) entre Francia y Argentina imponía la obligación de que el inversor tuviera que elegir entre una solución a través de la jurisdicción local o por arbitraje internacional. Esto es importante de recalcar
 ya que las cláusulas de este tipo en los bits normalmente indican la única solución para los conflictos. En el caso Total v Argentina
 vimos que algunos tratados bilaterales de inversión imponen a los inversores la toma de una decisión drástica: elegir entre buscar una solución por medio de la jurisdicción local o por el arbitraje internacional. Esta decisión debe efectuarse de forma consciente
 ya que suele ser definitiva
 y una vez tomada la decisión no podrá ser revocada. Por tanto
 es importante que los inversores se informen de los términos de los tratados bilaterales de inversión para poder tomar decisiones informadas sobre cómo resolver sus conflictos.

En el caso de Roussalis v Rumania
 el Artículo 9 del Tratado de Inversión Bilateral indica que los litigios entre un inversionista de una parte contratante y la otra parte contratante con respecto a una inversión deben ser resueltos
 si es posible. No obstante
 el tribunal entendió que no se había obtenido consentimiento para las reconvenciones. La mayoría de los Tratados de Inversión Bilateral están concebidos de forma que los inversionistas puedan realizar alegaciones contra el Estado
 pero si el Estado desea interponer reconvenciones contra el inversionista
 deberá contar con su consentimiento.

En el caso de Fábrica de Vidrios v Venezuela
 el Estado revocó su consentimiento a futuras disputas al denunciar el Convenio CIADI. Esto implica que el Centro pierde su jurisdicción sobre cualquier reclamación presentada por el inversor desde la notificación de denuncia. No obstante
 el Estado puede establecer cláusulas de extinción para permitir el arbitraje de ciertas disputas presentadas a partir de la denuncia. Estas cláusulas de extinción pueden ser instauradas por el Estado para permitir el arbitraje de controversias relacionadas con inversiones efectuadas antes de la denuncia.