Jurisdicción: ratione voluntatis

[Virtual Presenter] Courtney Dolinar-Hikawa lidera el Litigando Derecho 2024 con su enfoque en Jurisdicción: ratione voluntatis. Su expertise está en arbitraje internacional comercial y de inversión incluyendo disputas relacionadas a grandes concesiones de infraestructura financiación de proyectos tratados de inversión (BITs) y tratados de libre comercio como el TLCAN. Además se destaca por hablar cinco idiomas diferentes..

[Audio] Comenzando con Courtney Dolinar-Hikawa: se especializa en arbitraje internacional comercial e inversión así como en la solución de disputas ante la CIADI la I-C-C y el S-C-C y en arbitrajes bajo el Reglamento de UNCITRAL. Representa a inversionistas transnacionales y a gobiernos demandados en casos relacionados con tratados de inversión (BITs) contratos gubernamentales y tratados de comercio libre como el T-L-C-A-N y el CAFTA-DR. Sus áreas de experiencia comprenden grandes concesiones de infraestructura financiación de proyectos y regulaciones gubernamentales. Tiene fluidez en inglés francés español japonés e italiano..

[Audio] Maria Paulina Rojas es una candidata a la Maestría en Derecho en la Universidad de Georgetown con especialización en el programa de Derecho Internacional Económico y de Negocios habiendo obtenido un certificado en Arbitraje Internacional y Solución de Disputas. Su preparación académica aporta un gran valor al concepto de Jurisdicción: ratione voluntatis Litigando Derecho 2024..

[Audio] En esta diapositiva se muestran los conceptos a considerar para comprender la Jurisdicción: ratione voluntatis. Estos incluyen una síntesis el consentimiento la exigencia de establecer jurisdicción las formas de consentimiento y los desafíos jurisdiccionales. Entre otros el alcance del consentimiento condiciones procesales denuncia de tratados extinción del contrato y reconvenciones. Estos temas claves serán tratados con mayor profundidad durante la presentación..

Recapitulación. 01.

[Audio] Revisaremos cada uno de los tres elementos necesarios para determinar la jurisdicción en un arbitraje de inversión: personae materiae y temporis. La persona se refiere a quienes están involucrados en el litigio. La materia se refiere a los tópicos tratados durante el arbitraje. Y el temporis se refiere a los hechos y alegatos que surgen de la disputa. Estos tres elementos juntos determinarán últimamente lo correcto para el caso..

[Audio] Como se muestra en el ejemplo el Tribunal del C-I-A-D-I se refirió al concepto de jurisdicción ratione voluntatis para determinar si aplicaba el acuerdo B-I-T a la disputa entre Zapp y Rutania. Esta jurisdicción se refiere a la aceptación por parte de los contratantes de algunas formas de arbitraje como herramienta para solucionar conflictos. Esta es una forma de derecho contractual emitido directamente por los involucrados en el litigio sin ser sometido a cualquier jurisdicción nacional. Esta jurisdicción es esencial para la efectividad de los acuerdos internacionales y la resolución de disputas entre Estados." En el ejemplo mostrado el Tribunal del C-I-A-D-I se refirió al concepto de jurisdicción ratione voluntatis para determinar si el acuerdo B-I-T entre Rutania y Avalon se aplicaba a la disputa. Esta jurisdicción se refiere a un acuerdo entre partes para someter determinada disputa a una determinada jurisdicción con el fin de resolverla. Esto se puede ejecutar mediante diversas formas de arbitraje sin someterse a la jurisdicción nacional. Esta jurisdicción es fundamental para la efectividad de los acuerdos internacionales y la resolución de conflictos entre Estados..

Consentimiento. 02.

[Audio] En esta presentación estamos abordando la Jurisdicción: ratione voluntatis. En el caso de un litigio de derecho 2024 hay ciertos requisitos para el consentimiento. Estos requisitos incluyen el consentimiento voluntario y recíproco de ambas partes que debe ser irrevocable. Además se deben cumplir los demás requisitos establecidos por el Estado involucrado. Los inversores también deben otorgar su consentimiento por escrito y no pueden optar por un sistema diferente para resolver el conflicto..

[Audio] El artículo 25 (1) del Convenio C-I-A-D-I establece que el Centro para el arreglo de diferencias relacionadas a Inversiones tendrá jurisdicción sobre cualquier litigio entre un Estado Contratante o una subdivisión o organismo público de tal Estado y un nacional de otro Estado Contratante que hayan acordado someterse al Centro por escrito. Esto implica que un inversor extranjero puede someter diferencias vinculadas a su inversión al Centro y que el consentimiento otorgado por una parte no puede ser retirado unilateralmente..

[Audio] En el Artículo 25 (4) del Convenio de Litigando Derecho 2024 los Estados Contratantes pueden notificar al Centro la clase o clases de diferencias a las cuales someterían o no su jurisdicción. Esto no significa el consentimiento contemplado en la sección (1). Así les permite a los Estados preservar el control sobre la jurisdicción de sus diferencias contractuales según sus propios criterios..

[Audio] Establece el artículo 26 que el consentimiento de las partes al procedimiento de arbitraje según el Convenio excluirá otros recursos disponibles. No obstante un Estado Contratante puede exigir el cumplimiento previo de sus vías administrativas o judiciales como requisito para su consentimiento al arbitraje..

[Audio] El C-I-A-D-I (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) ha sido ratificado permitiendo a las partes acordar someter sus disputas de índole jurídica al Secretariado del Centro aún cuando no sean Estado Contratante o nacional de un Estado Contratante. Esto se basa en el principio de consentimiento de las partes que cubre un amplio rango de materias. La jurisdicción del C-I-A-D-I también se extiende a los mecanismos complementarios de solución de conflictos de inversión. El libro Litigando Derecho 2024 de Courtney Dolinar-Hikawa examina las diversas opciones de solución de conflictos de inversión a través del CIADI..

[Audio] La jurisdicción ratione voluntatis se enfoca en el principio de que las partes en un litigio pueden pactar el alcance de la jurisdicción del árbitro. Esto se establece en el Artículo 1 (1) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Ese artículo estipula que cuando las partes acuerden someter un litigio a arbitraje bajo el reglamento el litigio se resolverá conforme al reglamento sujeto a cualquier modificación que acuerden las partes. Esto significa que las partes tienen el poder de pactar el ámbito de la jurisdicción de la Corte de Arbitraje..

[Audio] Reglamento de Arbitraje Acelerado como parte del Reglamento de Arbitraje fortalece el sistema vigente de solución de disputas basado en el acuerdo de las partes. Esta declaración de intenciones es esencial cuando se trata de jurisdicción ratione voluntatis. Las partes deben estar de acuerdo expresamente para aplicar este procedimiento lo que contribuirá a agilizar la solución de conflictos y a conseguir una mayor eficacia..

Formas de consentimiento. 03.

[Audio] La jurisdicción del Estado sobre las inversiones extranjeras es clave para cualquier reclamación en caso de disputa. La forma en que el Estado otorga su consentimiento en el arbitraje de inversiones internacionales varía de una nación a otra. El consentimiento puede ser manifestado a través de varios medios tales como tratados internacionales cláusulas contractuales leyes domésticas acuerdos entre las partes o los Acuerdos de Inversión del Estado anfitrión. El Convenio C-I-A-D-I solo exige que el consentimiento sea por escrito. Estas alternativas permiten al Estado fijar un marco para los inversores extranjeros y establecer tanto su seguridad como un marco jurídico reglamentado..

[Audio] El acuerdo entre las partes o "compromiso" implica un consentimiento expreso sea por medio de un solo documento o varios con relación a peticiones actuales o futuras. Como ejemplo se puede citar el caso Amco versus Indonesia en el que Amco alega la inclusión de una cláusula compromisoria arbitral en su solicitud para invertir en Indonesia cláusula que el tribunal encontró como válida y que fue aceptada por Indonesia cumpliendo exigido para su consentimiento. Ahora bien hablemos sobre cómo aprovechar el mindfulness para desmantelar pensamientos negativos y luchar contra el estrés y la ansiedad..

[Audio] Actualmente un tratado es la manera más frecuente de acuerdo para el arbitraje internacional de inversión. Los Estados Contratantes acuerdan someter disputas relacionadas con el tratado o la inversión al arbitraje. El artículo 10.17 del CAFTA-DR es un ejemplo donde se establece el consentimiento para someter la reclamación al arbitraje según esta sección y de acuerdo con el tratado. El B-I-T debe contener un consentimiento inequívoco..

[Audio] En esta diapositiva veremos cómo la tecnología ha cambiado la vida cotidiana de las personas y les ha permitido acceder al mundo de maneras que nunca antes hubieran imaginado. ¡Sigamos adelante!.

[Audio] En el caso de Jurisdicción Ratione Voluntatis el consentimiento debe ser unilateral. La Ley domestica a pesar de no siempre otorgar un consentimiento suficiente su intención puede ser interpretada y otorgar un consentimiento adicional. Por ello una cláusula explícita en un contrato o tratado pueden ser importantes para establecer el consentimiento para una determinada jurisdicción..

[Audio] En el arbitraje de inversión es necesario obtener el consentimiento para iniciar el procedimiento. Por lo general esto se logra presentando una solicitud de arbitraje que formaliza el contrato entre el inversionista y el Estado anfitrión. Además se puede considerar como consentimiento tácito cuando el inversionista presenta una solicitud de arbitraje. Esto significa que el inversionista acepta los términos establecidos por el Estado anfitrión. Para entender la relación entre el Estado anfitrión y el inversionista este último debe conocer los términos y condiciones del tratado para inversiones y los requisitos nacionales para el arbitraje. Esta comprensión le permitirá tomar mejores decisiones relacionadas con su inversión..

Desafíos jurisdiccionales. 04.

[Audio] El consentimiento puede variar y ampliarse según los diferentes instrumentos de arbitraje de los Estados. Algunos están limitados a temas particulares tales como la expropiación mientras que otros abarcan una extensa variedad de materias relacionadas con la inversión. Por lo tanto resulta esencial considerar esto para comprender la extensión de los derechos y deberes que conlleva cada inversión..

[Audio] En el caso de Phillip Morris v Uruguay el Tribunal determinó que el Artículo 10 (1) del Tratado Suiza-Uruguay tenía un alcance amplio que abarcaba controversias más allá de las obligaciones sustantivas. Esto quiere decir que el Tribunal se apoyó en la definición de inversión para justificar su jurisdicción. Esta forma de entender la figura jurídica de los tribunales tiene como objetivo proteger a los inversores contra los daños sufridos en sus inversiones..

[Audio] En el caso de Telenor Mobile v Hungría el tribunal interpretó que el Artículo XI (1) del BIT Noruega-Hungría se aplicaba únicamente a disputas relacionadas con la expropiación y el monto a pagar por esta expropiación. Esto fue así porque el artículo se basa en los artículos V y VI del acuerdo que se refieren específicamente a la expropiación y el pago de indemnización por ella. Con esta interpretación el tribunal limitó la Jurisdicción ratione voluntatis a los asuntos relacionados con la expropiación..

[Audio] En el Artículo 26 del Convenio C-I-A-D-I y el Artículo X de B-I-T entre Argentina y España hay estipulaciones específicas para establecer condiciones procesales estableciendo los tiempos de espera y requerimientos previos para acceder al arbitraje. Esto es para asegurar que los procedimientos judiciales se lleven a cabo dentro de un marco adecuado y con derechos asegurados. Estas condiciones procesales serán una guía para aquellos que están dispuestos a resolver problemas legales a través del arbitraje..

[Audio] Los inversores pueden verse enfrentados a una disyuntiva a la hora de decidir el mecanismo a seguir para hacer valer sus derechos. Esto se encontró de forma manifiesta en el caso Total v Argentina donde una cláusula del tratado de inversión bilateral (B-I-T--) entre Francia y Argentina imponía la obligación de que el inversor tuviera que elegir entre una solución a través de la jurisdicción local o por arbitraje internacional. Esto es importante de recalcar ya que las cláusulas de este tipo en los bits normalmente indican la única solución para los conflictos. En el caso Total v Argentina vimos que algunos tratados bilaterales de inversión imponen a los inversores la toma de una decisión drástica: elegir entre buscar una solución por medio de la jurisdicción local o por el arbitraje internacional. Esta decisión debe efectuarse de forma consciente ya que suele ser definitiva y una vez tomada la decisión no podrá ser revocada. Por tanto es importante que los inversores se informen de los términos de los tratados bilaterales de inversión para poder tomar decisiones informadas sobre cómo resolver sus conflictos..

[Audio] En el caso de Roussalis v Rumania el Artículo 9 del Tratado de Inversión Bilateral indica que los litigios entre un inversionista de una parte contratante y la otra parte contratante con respecto a una inversión deben ser resueltos si es posible. No obstante el tribunal entendió que no se había obtenido consentimiento para las reconvenciones. La mayoría de los Tratados de Inversión Bilateral están concebidos de forma que los inversionistas puedan realizar alegaciones contra el Estado pero si el Estado desea interponer reconvenciones contra el inversionista deberá contar con su consentimiento..

[Audio] En el caso de Fábrica de Vidrios v Venezuela el Estado revocó su consentimiento a futuras disputas al denunciar el Convenio CIADI. Esto implica que el Centro pierde su jurisdicción sobre cualquier reclamación presentada por el inversor desde la notificación de denuncia. No obstante el Estado puede establecer cláusulas de extinción para permitir el arbitraje de ciertas disputas presentadas a partir de la denuncia. Estas cláusulas de extinción pueden ser instauradas por el Estado para permitir el arbitraje de controversias relacionadas con inversiones efectuadas antes de la denuncia..

Gracias. [image].